LAS INSTITUCIONES COADYUVANTES AL ESTADO DE DERECHO, QUE NECESITAMOS.

EENDDTP

Consignadas en entregas precedentes mi visión del "Estado Que Queremos", expuesta desde los niveles orgánico y funcional; dadas mis razones del por qué a la función electoral no debe considerársele un "Poder Político" que forme parte de la armazón del estado, sino como una institución o autoridad electoral de naturaleza especial y única que emblematiza la voluntad general e integrada de la Soberanía Popular, cuya finalidad es impartir legitimidad genuina a los titulares y representantes de los órganos del Estado. Me propongo mediante esta nueva entrega realizar en esta oportunidad una rápida apreciación de otras importantes instituciones que, en razón de su naturaleza y fines encomendados, no se les podría incluir en la categorías de "Poderes Políticos", pero si dentro del cuadro de instituciones coadyuvantes en la modelación del Estado de Derecho. Me refiero a la Fiscalía General, la Contraloría General, la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que por el rol que cada una tiene asignado, y que justifica sus existencias, deben merecer una atención especial en su proceso de configuración y titularización.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

FUENTE: http://xurl.es/fiscaliagrvzla

Es un mecanismo identificado con el querer y preocupación ciudadana para que la sociedad disponga de una protección jurídica, expedita y vigorosa, que le asegure que los delitos cometidos contra la vida, la propiedad  privada y contra los dineros y patrimonio público o patrimonio social, serán perseguidos y castigados por el Estado conforme a la ley. Básicamente a la Fiscalía General le está atribuido el deber - obligación de intentar las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios del sector público que hayan atentado o se hayan lucrado o enriquecido con los dineros públicos o que hayan utilizado las facilidades que les brindaba el cargo para delinquir. Con vista a las funciones que le están atribuidas y atendiendo al sector que principalmente debe vigilar, la designación de su titular no puede confiarse al Presidente de la República en combinación con los partidos políticos a través de la "Asamblea Nacional" como lo es actualmente. En el nuevo esquema que propongo, esta responsabilidad debe canalizarse de acuerdo al procedimiento indicado para la selección y nombramiento de los magistrados de las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

FUENTE: http://xurl.es/contraloriag

Por sus altas y delicadas funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, y de otros importantes asuntos que corresponden a la esfera del gobierno, deberían aplicarse para la selección y nombramiento de su titular pautas similares a las indicadas para la Fiscalía General.  A todas luces resulta incompatible, por no decir bochornoso, que las personas (funcionarios) que tienen bajo su responsabilidad el manejo y la administración de los caudales  y crédito público sean los que designan a sus propios contralores. Esto, observado desde cualquier punto de vista representa una crasa irracionalidad y un estímulo para el saqueo de los dineros públicos. Y eso es precisamente lo que está sucediendo y con pública impunidad actualmente, hecho que constituye una comprobación irrefutable de lo que he expuesto. Por esta razón, y otras más, propongo que el titular de la Contraloría General de la República sea escogido por la Cámara del Senado de una lista de candidatos elaborada por la Academia de Ciencias Económicas.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO U OMBUDSMAN.

FUENTE: http://xurl.es/defensoria

A este organismo, cuya función específica es vigilar y defender la integralidad de los derechos ciudadanos previstos en la Constitución, Tratados y Convenciones internacionales, debe dispensársele el tratamiento que corresponde a una institución que, por su naturaleza y fines, está ubicada ética y moralmente fuera de la esfera oficial y funcionalmente en posición contraria al Estado quien es, y ha sido siempre, un potencial agresor de los derechos ciudadanos. El Poder Ejecutivo en su acción de gobierno y ejecutor de las leyes; el Poder Legislativo en su labor de confección y expedidor de instrumentos normativos; y el Poder Judicial al aplicar las leyes y sancionar a los presuntos infractores, pueden incurrir (y en la práctica es así) en excesos, arbitrariedades y atropellos a los derechos humanos con violación de sus garantías. Agréguese a esto la conducta remisa o negligente de la Administración Pública en la prestación de los servicios, de manera regular, continua y suficiente a que la colectividad tiene derecho. Para corregir, castigar o evitar que estas anormalidades ocurran la sociedad se ha dado una institución que, con la denominación de "Defensoría del Pueblo", debe actuar de manera permanente frente al Estado en apropiada defensa de esos derechos individuales y generales y, aún, de los colectivos y difusos. Estas son razones suficientes y concluyentes para que en su designación no intervenga el Poder Ejecutivo. Propongo, al respecto, que la selección de las personas indicadas para titular de este cargo se deje a las organizaciones de derechos humanos más acreditadas del País, y que sea la Cámara de Senadores quien escoja uno de los nombres propuestos para que sea el titular del cargo.

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

FUENTE: http://xurl.es/procuraduriagvzla

Esta institución de relevante importancia para la República en orden a los asuntos que caen bajo su competencia, ha sido relegada tradicionalmente a un plano muy secundario; a tal punto que se ha desempeñado como una oficina legal adscrita a la Presidencia de la República, condenada a actuar según las instrucciones que reciba de este Poder. Sin embargo, la defensa de los bienes patrimoniales de la República a ella corresponde y su opinión es necesaria (pero hasta ahora no vinculante) para la aprobación de los contratos de interés público. Siendo, como lo es, el Procurador General el abogado de la República (no del Presidente de la República) en todo lo atinente a su acerbo patrimonial, lo correcto sería que gozara de independencia y autonomía con respecto a todos los Poderes del Estado y, además, de la correspondiente inmunidad para que en el desempeño de sus atribuciones no encuentre obstáculos que enerven el límite de sus actuaciones y, así poder ejercitar las acciones que él crea conveniente para la recuperación de bienes mal habidos y propiedad de la nación que se encuentren en poder de funcionarios o ex funcionarios y testaferros, dentro y fuera del País. Sin mayores comentarios propongo que la Procuraduría General de la República pase a ser una institución autónoma e independiente; que su titular sea escogido por la Cámara del Senado de una lista de candidatos elaborada por la Academia de Ciencias Económicas. 

Todas estas instituciones deben poseer rango constitucional, igual que los Poderes clásicos.

Apreciados conciudadanos, SOLO NADIE PUEDE ayúdenme a difundir por el único camino que tengo, que es el de las redes sociales, el contenido de este proyecto para que mucha gente lo conozca, lo discuta y participe. Espero sus aportes (críticas, comentarios, sugerencias y recomendaciones) sobre los temas aquí planteados. Tenemos que construir ese verdadero país que todos deseamos para que nuestros hijos lo disfruten y cuando nos recuerden estén orgullosos de nuestra memoria. 

Saludo libertario

Ángel Vivas

DDLEEUQOM